Hace pocos días fue publicado por el gobierno un documento, titulado ''Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena'' (1 de Agosto de 2011), que pretendía calmar las demandas de quienes, con razón, se oponen a los cimientos del sistema educativo chileno. Dichos cimientos son tan débiles como los fundamentos de la formulación del documento en cuestión, lo cual se refleja, pocos días después de su publicación, en el incremento de las protestas y en la caída de la aprobación de su autor, el mismo gobierno.
No concentraré aquí mi atención en las diferentes críticas particulares de las que ha sido blanco este documento, sino en el concepto de acción en el cual está basado. Este término es ya utilizado en su título de manera sugerente y proclama desde el inicio, creo, la dudosa promesa de una verdadera obra política seguida de efectos relevantes. Sin embargo, las sólo aparentes inmensas cifras de dinero, el constante uso de la difusa noción de mediano plazo y la referencia a medidas que no cumplen más que un rol evasivo en la argumentación sólo muestran que ni los efectos exigidos ni la relevancia tendrán lugar en el futuro. El documento propuesto parece ignorar en su primera mitad que las demandas que provienen de los estudiantes (y de la enorme cantidad de ciudadanos que los apoyan) consideran necesidades fundamentales que conciernen a las raíces mismas del sistema educativo. ¿Se ha enfocado últimamente la crítica en el sistema de transporte escolar acaso? Es verdad, el sistema de transporte no es irrelevante, si se considera la realidad de la educación en toda su complejidad. Pero la relevancia de una acción depende muchas veces del contexto en que se ejerce y el contexto de las exigencias a las cuales el documento pretende responder no le da esta vez suprema relevancia al sistema de transporte.
Con esta manera de argumentar, el documento propuesto no hace más que evadir la pregunta y desviar la respuesta a temas pasados con el fin de aludir al gobierno predecesor, de algun modo, y de ofrecer una gran cantidad de propuestas diversas, pero carentes de relevancia. Lo mismo sucede con mencionar el sistema de becas para investigación y de postgrado. Si bien estas medidas mejoran la educación como un conjunto, no hacen ninguna referencia a los flojos fundamentos de la misma, sino que son compatibles con ellos.
¿Cuál es entonces el concepto de acción en el cuál se basa este documento? ¿Qué quiere decir el título con sus propuestas de acción? Al parecer, la acción no es propuesta, en este caso, asegurando determinados efectos. Más que nada, se propone como una opción. A pesar de ser prometedor, el concepto de acción es sólo un punto reinterpretable, para cuando exista la necesidad de manipularlo. Lo cierto es que las exigencias a las cuales estas propuestas de acción pretenden responder no parecen requerir acciones, sino efectos. Un documento de propuestas sobre el sistema educativo que realmente responda a los problemas que se critican debería asegurar desde el principio los efectos de las acciones y luego pensar en cómo llegar a producrilos. Pues las causas particulares que terminen con el negocio lucrativo excesivo en educación o que mejoren el sistema universitario pueden ser diversas, pero los efectos generales deberán ser siempre los mismos.
Dicho documento, si hubiese querido concentrarse en la relevancia, habría tenido que señalar las intenciones de los actos mismos. Muchas veces se toma de manera implícita el hecho de que la razón principal para ejercer una acción es la intención de realizarla. Este principio se vulneraría si las acciones propuestas en el documento en cuestión nunca se llevaran a cabo. Sin embargo, podemos confiar (quizás ingenuamente) en que al mencionar estas acciones, los responsables del documento tienen además la intención de efectuarlas. Pero la razón de una acción puede corresponder también a sus efectos. Creo que el documento ''Políticas y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena'' carece tanto de alusiones consistentes y relevantes a los efectos de las acciones que se proponen, como a las intenciones de alcanzar tales efectos.
Otra de las debilidades principales del documento se encuentra en el parágrafo sobre el sistema de acceso y selección para la educación superior. Este asunto sí es relevante bajo el contexto de las exigencias y demandas a las cuales el documento pretende responder. El principal argumento se relaciona con el mérito que debe poseer un estudiante para ingresar al sistema universitario, que es el camino correcto, si uno de los conflictos principales corresponde al financiamiento de la educación. Sin embargo, el mérito es nuevamente un concepto débil en cuanto a los criterios que lo determinan, basado en la predicción del desempeño futuro del estudiante y no en la garantía de que el sistema educativo lo formará correctamente. Y cuando se hace referencia a la calidad y a la equidad de la educación, se introducen en el documento propuestas relacionadas con mediciones basadas en criterios de valoración escolar (rankings). ¿Cuál es el sentido de garantizar equidad en un grupo mediante un sistema de clasificación que distingue entre los mejores y los peores de sus miembros?
El problema más significativo no yace tal vez en las propuestas ni en el contenido mismo del documento, sino en la irrelevancia, dado el contexto de las exigencias, de la mayoría de sus puntos, pero más que cualquier otra cosa, en la debilidad de lo que éste supone por acción, especialmente con respecto a los efectos y a las intenciones de la misma*.
Esteban Céspedes
